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Universidades estatales: Ni preferentes ni iguales

5 de Diciembre 2014

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Columna publicada en el diario "El Mercurio".

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

Estas universidades, que en ciertos círculos del poder parecen tener más antipatías ocultas que amistades declaradas, continuarán el 2015 en una condición precaria en su relación con el Estado. Seguirán siendo menos que un servicio público si se las compara con otros órganos del Estado, pues en cuanto al financiamiento seguirán siendo consideradas como oferentes privados; pero también desfavorecidas respecto de otras universidades, ya que permanecerá todo tipo de restricciones administrativas a su gestión, y en promedio les entregarán menos recursos.

Una consecuencia del debate en torno al presupuesto de la administración pública para el próximo año es la conclusión, equivocada y sin evidencias -a nuestro juicio-, de que las universidades estatales habrían sido mejoradas en su posición en perjuicio de otras que teniendo vocación pública recibirían menos recursos. Ello no es así; en promedio, las universidades del Estado seguirán recibiendo menos recursos fiscales que las instituciones supuestamente perjudicadas. El Ministerio de Hacienda introdujo cambios a su propuesta inicial, pero no en favor de las universidades estatales. En promedio, considerando todos los aportes basales a las instituciones, cada universidad estatal recibirá $2.480 millones menos que sus pares no estatales dentro del CRUCh.

Es efectivo que tanto dentro de las estatales como de las privadas pertenecientes al Consejo de Rectores existen diferencias en cuanto a los aportes basales. Pero constituye una evidencia que en el grupo de las 14 universidades que reciben menos de $5.000 millones de Aporte Fiscal Directo (AFD) 11 son estatales y tres son católicas. El promedio de las otras 11 universidades, que tienen un mejor AFD, supera los $10.000 millones. Esto explica que en el Informe Anual preparado por la Contraloría General de la República se indique que en 2013 dentro de las 10 instituciones que recibieron más recursos públicos, considerando tanto la asignación de aportes basales como a los estudiantes, haya solamente dos estatales, cinco privadas tradicionales del CRUCh y tres privadas no pertenecientes a esta organización. Pues bien, en el presupuesto 2015 nada de esto habrá de cambiar, porque este simplemente reproduce el régimen de financiamiento a la educación superior existente desde 1981.

Las universidades estatales no tienen derecho a que sus funcionarios perciban el reajuste del sector público. Para poder pagarlo deben reajustar proporcionalmente los aranceles que pagan sus estudiantes. Es evidente que si se financiara el incremento que por ley se otorga a todos los funcionarios de los servicios públicos, ello iría en directo beneficio de los estudiantes y sus familias, pues estas universidades deberían rebajar ese costo de los aranceles. La ley respectiva se reduce a señalar que las universidades estatales, en el ejercicio de su autonomía financiera, tienen la facultad de pagar el reajuste del sector público. Es evidente, luego, que como órganos públicos se hallan en una condición de menoscabo, si se les compara con otros servicios del Estado, que además no tienen competidores que reciban más recursos fiscales.

Estas universidades, como tantas veces hemos señalado, están sujetas a la Contraloría General de la República de un modo que razonablemente debe ser revisado, no para evitar el control, sino para adecuarlo a las funciones propias de instituciones universitarias. También están sujetas al mercado de compras públicas y al Consejo para la Transparencia. Son las únicas instituciones públicas que en virtud de la ley deben llevar contabilidad pública y privada, tal como las sociedades anónimas de conformidad con las normas y procedimientos que establece la Superintendencia de Valores y Seguros. La gestión de su personal debe hacerse según el estatuto administrativo, debiendo por sí mismas asumir los mayores costos que esto implica.

Al mismo tiempo, el Estado les obliga a competir con otras 44 instituciones universitarias por recursos para investigación, por beneficios para sus estudiantes o para invertir en desarrollo académico. Ciertamente, el Estado no se hace cargo de sus necesidades de infraestructura ni del retiro digno de sus funcionarios, salvo ocasionalmente.

Es evidente, salvo que los prejuicios ideológicos o alguna otra limitación cognitiva nos lo impida ver, que estas universidades están lejos de tener la condición de preferentes para el Estado. Pero lo más grave e injusto es que hasta hoy tampoco son tratadas con igualdad en relación con otros servicios públicos y mucho menos respecto de otras universidades.

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