Primer seminario sobre reforma al TC: prima visión crítica sobre su rol en el control preventivo
Ciclo es organizado por la Facultad de Derecho de la UV en alianza con el Senado.

En el marco del ciclo “Reforma al Tribunal Constitucional: desde la Academia a la Política”, que organizan en conjunto la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y el Senado de la República, se llevó a cabo el seminario “Control preventivo del TC: existencia, contenido y alcances” en la sala del Senado del ex Congreso Nacional.

La jornada fue moderada por Juan Carlos Ferrada, profesor de la Escuela de Derecho UV, y se inició con la exposición del también académico de esa unidad Christian Viera. Luego plantearon sus puntos de vista el senador Felipe Harboe, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y la diputada Natalia Castillo, para posteriormente abrir un espacio para responder preguntas de los asistentes.

Los expositores plantearon en general una visión bastante crítica respecto del funcionamiento del Tribunal Constitucional y del control preventivo que este órgano ejerce, así como también hubo coincidencia en que debe ser reformado.

El TC “afecta la soberanía popular”

El profesor Christian Viera sostuvo que “el TC chileno es un órgano de control y que, tratándose del control preventivo, su ejercicio en la práctica está afectando el régimen político y la soberanía popular”, explicando los “históricos problemas del control institucional, la objeción democrática y los riesgos que trae aparejado el activismo judicial”. “En Chile se observa un activismo de carácter conservador que supone un retraimiento de los derechos fundamentales”, indicó, asegurando que el TC en el país es un “tribunal activista y el más peligroso control político es el control preventivo”.

Recordó que, si bien durante el gobierno de Michelle Bachelet las cifras de control preventivo del TC indicaron que el 85% de los proyectos no sufrieron reparos, estos números no dan cuenta de los espacios políticos donde se produjeron los problemas. Esto se dio “en proyectos en que se existían diferencias ideológicas entre el gobierno y la oposición de la época”, tensión que graficó en iniciativas como la que reguló la admisión de estudiantes en la educación pública (que eliminó el financiamiento compartido y que prohíbe el lucro en los establecimientos que reciben financiamiento del Estado); la declaración de inconstitucionalidad de partes de las glosas de educación relativas a la gratuidad; o la sentencia sobre modernización de relaciones laborales. “El TC ha barrido con la deliberación y con malas razones. Impone convicciones de un puñado de sus miembros, lo que en definitiva atenta contra el mismo sistema político”, agregó.

Con todo, el académico considera que “el control debe existir, pero ha de ser más bien competencial. No me cierro al control de la materia constitucional de un proyecto de ley, pero dado que los efectos son radicales para el control preventivo -barrer con la deliberación en el Congreso- tal vez debería tener un quórum de 4/5, que equivale al 80%”, entre otras medidas.

“Editor de leyes”

El senador Felipe Harboe compartió las críticas del profesor Viera al TC y complementó que “lo que tenemos es un espacio o institución de control, pero no un tribunal. Porque tal como conocemos los tribunales, deben estar integrados por quienes ejercen la judicatura, y no es el caso de los integrantes del TC, quienes están por su sistema de designación, son personas representativas del mundo político y no del mundo especializado en materia de constitucionalidad de las leyes”.

El parlamentario del PPD indicó que tras la reforma constitucional de 2005 “el TC vio fortalecidas sus competencias políticas y su interpretación en general del ordenamiento jurídico, lo que lo ha transformado (…) en un órgano con poderes amplios que en muchas ocasiones se ha comportado como un verdadero colegislador en las sombras o un legislador negativo o contramayoritario”, señalando que en el ámbito del control preventivo, “en algunos casos se ha transformado impropiamente en un colegislador o, lo que es peor, en un editor de leyes”.

Esta situación la ejemplificó con sentencias del TC en casos como el Sernac “que, por una obsesión del entonces presidente del TC (Iván Aróstica), nos hizo retroceder veinte años en la doctrina del derecho administrativo sancionatorio” o la que declaró la inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria relativa a la gratuidad; la que se pronunció sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales; y aquella sobre la constitucionalidad del proyecto sobre educación superior.

Una “desconexión”

La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco comenzó explicando que Chile tiene un modelo de control de constitucionalidad mixto, donde está el TC y los controles que realizan los tribunales ordinarios: cortes de apelaciones y Corte Suprema. En su diagnóstico, se refirió a “la desconexión que existe entre las funciones del TC y cómo ellas impactan en los otros órganos que participan en la generación de normas y en la toma de decisiones jurisdiccionales. La actuación del TC incide directamente en las competencias y en el funcionamiento de otros órganos, sin que existan los puentes de plata necesarios para que la relación sea eficiente al sistema democrático”.

Aseguró que “ese puente no existe, porque hay una operación y tramitación por parte del Congreso y organismos colegisladores, incluido el Presidente, pero en algún momento hay una interrupción del TC que corta ese proceso y que declara que hay normas que no se avienen con la constitucionalidad”.

Sobre vías de solución, destacó que “la reforma a un organismo como el TC tiene que ser siempre hecha en torno a las claves de una mayor eficiencia, un mayor respeto al régimen institucional y preservación del sistema constitucional. Porque la Constitución, en gran medida, hoy es una carta de derechos, es el freno contra la arbitrariedad, es aquello que todos tenemos en común”.

“Efectos indeseables en democracia”

La diputada Natalia Castillo contextualizó que Chile no debe seguir eludiendo una discusión de fondo, que en su opinión significa avanzar hacia una nueva Constitución y reglas del juego generadas mediante una asamblea constituyente. En cuanto al control preventivo del TC, afirmó que el Poder Legislativo debe contar con mecanismos de control, sin embargo, hay que definir los reales alcances de estos, dado que en el Congreso está “la expresión del pueblo”.

Planteó que en ocasiones las sentencias del TC se extralimitan en sus facultades y que han ido en contra del espíritu con que fueron redactadas leyes en el Congreso. Para ilustrar este punto, recordó la sentencia que acogió requerimientos que impugnaron el reglamento sobre objeción de conciencia de aborto en tres causales. “El ejercicio de la atribución del control preventivo del TC implica trasladar la decisión del pueblo soberano, representado en el Congreso, a manos de un Tribunal Constitucional, que no tiene características de tribunal, lo que en consecuencia trae efectos indeseables en la democracia”.

Publicado martes 1 de octubre de 2019
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